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Dra. Alicia Rodríguez Núñez [*]

Introducción

Durante las dos últimas décadas la sociedad española ha ido tomando conciencia de la tragedia que viven miles de familias a causa del maltrato doméstico y ha reaccionado con todos los instrumentos institucionales de control social de los que dispone.

Los miembros de la familia están especialmente protegidos en sus relaciones familiares por la ley penal respecto de las lesiones físicas o psíquicas, la libertad sexual y las relaciones familiares. Además, el Código penal establece una circunstancia genérica de parentesco que agrava los delitos que atentan contra bienes jurídicos personales y atenúa los delitos contra el patrimonio que puedan cometerse entre familiares.

Se considera que merecen una mayor protección por encontrarse en una posición de especial vulnerabilidad: la mujer, los hijos menores de 18 años, las personas ancianas así como las que sufren una grave discapacidad física o psíquica y las que padecen una enfermedad grave que les impide valerse por sí mismas y, por tanto, están en una relación de dependencia respecto del resto de los miembros de la familia.

La legislación penal española confiere la misma protección a:

– Las parejas unidas por el matrimonio (cónyuges), las parejas que conviven sin formalizar el matrimonio (parejas de hecho) y las parejas con una relación sentimental estable sin convivencia (novios). En esta relación de pareja se admite que ambos miembros sean del mismo sexo ([1]). Incluso se confiere el mismo nivel de protección a los ex cónyuges o ex parejas cuando la relación de afectividad está rota y ha cesado la convivencia.

-Todos los menores de 18 años que tengan una relación en el ámbito familiar cualquiera que sea su situación jurídica: los descendientes consanguíneos o naturales de la pareja, los hijos adoptados ([2]) y los menores que dependan de alguno de los cónyuges o convivientes por una figura de protección del Derecho civil ([3]), incluso si los padres están separados o divorciados y han dejado de convivir.

La adopción siempre es plena y se reconoce al adoptado exactamente los mismos derechos que al hijo consanguíneo.

En violencia doméstica o intrafamiliar la mujer ostenta tristemente una posición destacada en las estadísticas de víctimas. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protección integral contra la violencia de género contiene medidas de especial protección a la mujer víctima de la violencia machista en el ámbito de la relación de pareja. Denomina “violencia de género” a este tipo de maltrato siempre que subyace un afán de dominio del hombre sobre la mujer por ser mujer. La “violencia de género” es un tipo de violencia doméstica. La protección de la mujer maltratada se enfoca por la Ley de un modo integral y multidisciplinar, empezando por el proceso de sensibilización de la sociedad para conseguir el nivel de “tolerancia cero”. La Ley incide en los aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención a las víctimas, y regula la respuesta punitiva que deben recibir todas las manifestaciones de violencia en el ámbito familiar. Se establecen igualmente medidas de sensibilización e intervención en el ámbito sanitario para optimizar la detección precoz del maltrato y la atención física y psicológica de las víctimas en coordinación con otras medidas de apoyo.

La respuesta integral de la Ley Orgánica 1/2004 abarca tanto normas procesales, creando los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, como normas sustantivas penales, civiles y de otros ámbitos jurídicos, incluyendo la debida formación de los operadores sanitarios, policiales y jurídicos responsables de la obtención de pruebas, de la aplicación de la ley y de la protección a las víctimas ([4]). Las situaciones de violencia sobre la mujer afectan igualmente a los menores que se encuentran en su entorno familiar, víctimas directas o indirectas de esta violencia. La Ley contempla su protección no sólo para tutelar los derechos de los menores, sino también para garantizar de forma efectiva las medidas de protección adoptadas respecto de la mujer.

Marco general de la protección penal a las víctimas de la violencia doméstica.

El Código penal enumera los familiares que pueden ser víctimas de maltrato doméstico: quien sea o haya sido el cónyuge o la persona que esté o haya estado ligada a la persona agresora por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia; los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente; los menores o incapaces que convivan con la persona maltratadora o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente ([5]). La jurisprudencia ha determinado que para poder aplicar los tipos de la violencia doméstica es necesario que los miembros de la familia estén conviviendo, salvo cuando se trata de parejas divorciadas o separadas. En los casos de relación de afectividad sin convivencia se requiere que la relación sea estable y prolongada en el tiempo.

El estudio general de las sanciones establecidas en el Código penal español para castigar los delitos de violencia doméstica o intrafamiliar pone de manifiesto que la pena prevista con mayor frecuencia es la de prisión, que, según los casos, puede ir de 3 meses a 15 años. En algunos supuestos, cuando la acción delictiva no es muy grave, el legislador ofrece al Juez’ la posibilidad de elegir entre la pena de prisión y la de multa o la de trabajos en beneficio de la comunidad. Las penas de multa pueden ir desde 360€ a 288.000€ y los trabajos en beneficio de la comunidad desde 31 a 80 días. Es frecuente que se establezca, como pena complementaria o accesoria, la inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar, que puede durar entre 1 año y 10 años, así como la privación temporal del derecho a la tenencia y porte de armas durante un espacio de tiempo de 1 año a 5 años. Cuando existe “violencia de género” la ley penal prevé una agravación ligera de la pena.

Las penas de privación de libertad inferiores a 2 años pueden ser suspendidas por un plazo de entre 2 y 5 años. En los casos de “violencia de género” la suspensión implica siempre el cumplimiento de la prohibición de acudir a determinados lugares, la prohibición de aproximarse a la víctima y la obligación de participar en programas especiales para la reeducación y tratamiento psicológico de los hombres maltratadores ([6]).

La regla general es que las penas de prisión inferiores a 1 año pueden ser sustituidas por una multa o por trabajos en beneficio de la comunidad. Sin embargo, cuando se trata de casos de “violencia de género” la pena de prisión sólo puede ser sustituida por trabajos en beneficio de la comunidad además de que el condenado deba asistir a programas específicos de reeducación y tratamiento psicológico de maltratadores y cumplir las prohibiciones de acudir a determinados lugares y de aproximarse a la víctima ([7]).

Los Jueces o Tribunales están obligados a imponer por tiempo determinado, además de las penas previstas en cada caso, la pena de prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u otras personas ([8]) siempre que en el ámbito de la familia se cometen delitos de homicidio, aborto, lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico.

Cuando la víctima del maltrato tiene menos de 18 años, la prescripción de los delitos enumerados en el párrafo anterior sólo empieza a contar desde el día en que alcanza su mayoría de edad o, si muere antes, a partir de la fecha de su fallecimiento ([9]). De esta manera la ley procura asegurar que el delito no prescriba antes de que la víctima pueda denunciar los hechos por si misma sin tener que depender de su representante legal o del Ministerio Fiscal.

La circunstancia genérica de parentesco ([10]) tiene una función mixta de agravar o atenuar la pena según el delito de que se trate. Los Jueces la consideran como una circunstancia agravante en los delitos que atentan contra bienes jurídicos personalísimos (vida, integridad física, libertad sexual…) y como circunstancia atenuante en los delitos económicos y contra el patrimonio. Esta circunstancia no puede apreciarse si en el tipo concreto ya está establecido el elemento del parentesco.

Algunos casos concretos de protección penal a la familia

1) Interrupción del embarazo

La legislación penal española pretende la protección de la familia desde la etapa prenatal con Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo de 2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Esta ley ha sido publicada recientemente tras una fuerte polémica por haber legalizado el aborto dentro de unos plazos. Fuera de los casos permitidos por la ley ([11]), el aborto voluntario está castigado con penas que van desde la prisión de 4 a 8 años, para el que produce el aborto sin el consentimiento de la mujer, hasta la prisión de 1 a 3 años, cuando el aborto se realiza con consentimiento de la mujer, y multa de 6 a 12 meses, en los casos en los que se practica sin tener en cuenta los requisitos formales exigidos por la, norma ([12]). En todos los casos se impone al abortista la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión sanitaria ([13]). La mujer que consiente su aborto o se lo produce a si misma está castigada con una multa de 6 a 12 meses (360€ a 144.000€)([14]).

2) Los malos tratos físicos, psíquicos y morales en el ámbito familiar.

Respecto de los malos tratos en el ámbito familiar el Código Penal distingue el maltrato ocasional, el maltrato habitual y dentro de estos el maltrato de obra, que incluye tanto el maltrato físico como el psicológico, y el maltrato de palabra, que sólo puede producir maltrato psicológico.

En general hay una mayor protección a la mujer y a las personas especialmente vulnerables que sufren violencia en el ámbito de la familia. La mujer está más protegida cuando es víctima de la “violencia de género” en la que subyace un afán de dominio del hombre sobre la mujer por el simple hecho de ser mujer. En estos casos la ley aplica la discriminación positiva a favor de la mujer imponiendo una mayor pena al hombre agresor ([15]). Así el delito de lesiones se agrava cuando la víctima es esposa o mujer que está o ha estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aún sin convivencia (prisión de dos a cinco años) ([16]).

En la mayoría de los tipos penales específicos que castigan el maltrato intrafamiliar se prevé como causa de agravación de la pena el que los hechos se perpetren en presencia de menores de 18 años, o utilizando armas, o tienen lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realizan quebrantando una pena de alejamiento o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza. Y esto es porque se ha observado que son las circunstancias más frecuentes en las que se producen los hechos delictivos de maltrato.

En el ámbito de las lesiones, la mutilación genital de un menor es un delito que se castiga con una pena de prisión de 6 a 12 años e inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela curatela, guarda o acogimiento por tiempo de 4 a 10 años siempre que el Juez lo estime adecuado al interés del menor ([17]) que es a quien se pretende proteger.

a) Maltrato ocasional

Desde 2003, el maltrato ocasional en el ámbito familiar es el que produce por una sola vez, sin posterior reiteración, lesiones leves causando menoscabo físico o psíquico, no definidas como delito en otros casos; o el golpear o maltratar de obra sin causar lesión constituyen delitos cuando la víctima pertenece al grupo familiar protegido por la norma (prisión de 3 meses a 1 año ó 31 a 80 días de trabajos en beneficio de la comunidad)([18]). Si la víctima es la pareja femenina del agresor se produce “violencia de género” y se castiga con una pena un poco superior a la prevista para el resto de las víctimas (prisión de 6 meses a 1 año ó 31 a 80 días de trabajos en beneficio de la comunidad)([19]).

Las penas se agravan cuando concurren las circunstancias mencionadas anteriormente en esta exposición.

Dado que la pena es bastante elevada, el legislador permite que el Juez o Tribunal pueda imponer la pena en el grado inferior teniendo en cuenta las circunstancias personales del autor y las concurrentes en la realización del hecho.

b) Maltrato habitual

La legislación penal española distingue lo que es un maltrato ocasional de lo que es una situación habitual de violencia que para la víctima es similar a la tortura ([20]). Con criterio diferente al maltrato ocasional, en el delito de maltrato habitual en el seno de la familia, constituida por matrimonio o por convivencia de la pareja, no se prevén penas diferentes basadas en el parentesco entre la víctima y la persona agresora, todas las víctimas tienen el mismo nivel de protección. El ejercicio habitual de la violencia física o psíquica, sea cual sea el medio empleado, contra cualquier miembro de la familia que conviva con la persona agresora está penado como un delito (prisión de 6 meses a 3 años) con independencia de la pena que se imponga por los daños personales concretos ocasionados. El autor de los hechos será castigado por cada uno de los delitos o faltas en los que se hayan concretado cada acto de violencia física o psíquica.

El requisito de la convivencia no se exige cuando se trata de cónyuges o parejas cuya relación se ha terminado y ya no viven juntos.

Como en el caso del maltrato ocasional, la pena se agrava cuando alguno o algunos de los actos de violencia se producen en presencia de menores de 18 años, o utilizando armas, o tienen lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realizan quebrantando una pena de alejamiento o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.

c) Amenazas leves

Cualquier tipo de amenaza leve a la esposa o ex esposa o a la mujer que esté o haya estado ligada al agresor por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia es un delito (prisión de 6 meses a 1 año ó 31 a 80 días de trabajos en beneficio de la comunidad)([21]). Sin embargo, la misma infracción respecto del resto de los miembros de la familia se castiga como una falta (4 a 8 días de localización permanente ó 5 a 10 días de trabajos en beneficio de la comunidad)([22]) salvo cuando se realiza con armas u otros instrumentos peligrosos que también es un delito (prisión de 3 meses a 1 año ó 31 a 80 días de trabajos en beneficio de la comunidad) ([23]). La pena se agrava cuando concurren las mismas circunstancias agravantes anteriormente citadas en el delito de malos tratos ocasionales y habituales.

Dada la importancia de la pena prevista que va acompañada con las penas complementarias de privación temporal del derecho a la tenencia y porte de armas y la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho, se permite que el Juez o Tribunal reduzca la pena en un grado en atención a las circunstancias personales del autor y las concurrentes en la realización del hecho.

d) Coacciones, injurias y vejaciones

Las coacciones leves a la pareja femenina, aún sin convivencia, son delito (prisión de 6 meses a 1 año ó 31 a 80 días de trabajos en beneficio de la comunidad)([24]). La pena puede agravarse o atenuarse cuando concurren las mismas circunstancias que en el delito anterior.

Las injurias graves en el ámbito doméstico se castigan como delito ([25]), pudiendo el Juez apreciar además la circunstancia de parentesco para agravar la pena.

Las coacciones leves cuando no hay “violencia de género” están castigadas únicamente como falta (4 a 8 días de localización permanente ó 5 a 10 días de trabajos en beneficio de la comunidad), lo mismo que las injurias y vejaciones leves en el ámbito doméstico ([26]).

3) Delitos contra la libertad sexual

Los abusos y las agresiones sexuales están castigados incluso cuando se producen en la pareja. Así, la violación de la mujer por su marido está castigada como un delito de agresión sexual. Los delitos contra la libertad sexual están castigados con una pena más grave cuando se realizan sobre menores de 13 años o personas especialmente vulnerables. Además, se tiene en cuenta para imponer una pena superior cuando estos delitos se cometen con abuso de una relación de parentesco con la víctima por un ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza o adopción, o afín ([27]). Las penas previstas oscilan entre 18 meses y 3 años de prisión para los abusos sexuales y entre los 4 años y los 15 años de prisión para las agresiones sexuales. Se distinguen las agresiones sexuales de los abusos sexuales por realizarse las primeras con violencia o intimidación sobre la víctima.

Actualmente está pendiente de aprobación una reforma del Código penal en la que se prevé la introducción de un nuevo Capítulo denominado “De los abusos y agresiones sexuales a menores de trece años” donde se prevé una elevación de la pena (prisión de 4 a 6 años), para los que cometan abusos sexuales con estos menores prevaliéndose de una relación de parentesco ([28]).

4) Bigamia

Comete delito de bigamia (prisión de 6 meses a 1 año) quien contrae segundo o ulterior matrimonio a sabiendas de que subsiste legalmente el anterior ([29]). Según el Código civil español no se puede contraer un segundo matrimonio sin haber disuelto el matrimonio anterior. Las normas civiles establecen como únicos supuestos de disolución del matrimonio: la muerte o declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges, el divorcio y la nulidad matrimonial ([30]).

5) La inducción de un hijo menor de edad para que abandone el domicilio familiar o quebrante el régimen de custodia establecido por la autoridad judicial o administrativa.

Se prevé una pena de prisión de 6 meses a 2 años para el progenitor que induce al menor a abandonar el domicilio familiar consensuado por los padres o establecido por orden judicial o bien a quebrantar el régimen de custodia bajo la tutela de una institución de protección establecido por la autoridad judicial o administrativa a causa de su situación de desamparo ([31]). En los casos de divorcio el domicilio del menor es el del progenitor que lo tiene bajo su custodia y puede ser acordado por los padres cuando el divorcio es de mutuo acuerdo o por la autoridad judicial cuando no hay acuerdo entre los cónyuges. Aunque no exista el divorcio de los padres cuando la autoridad judicial o administrativa considere que el menor no está adecuadamente atendido puede determinar que el menor quede bajo la custodia de una institución pública o de otro familiar que lo reclame, pasando ser el domicilio del menor el de la institución o el del pariente.

Si la ausencia del menor es inferior a las 24 horas la pena es menor (prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 24 meses) siempre que el menor no haya sufrido daño físico o psíquico o peligro para la vida, la integridad física o la libertad sexual ([32]).

6) La sustracción de un hijo menor por un progenitor ([33]).

Se considera que se produce un secuestro o sustracción de un menor cuando:

a) El menor es trasladado de su lugar de residencia sin el consentimiento del progenitor con el que convive habitualmente o de las personas o instituciones a las cuales está confiada legalmente su guarda o custodia.

El Código civil establece que los hijos menores no emancipados están bajo la potestad del padre y de la madre que la comparten en igualdad de condiciones ([34]). La potestad puede ser ejercida conjuntamente por ambos progenitores o por uno solo con consentimiento del otro ([35]). En caso de desacuerdo deben acudir al Juez. Cuando los padres viven separados, la patria potestad se suele ejercer por aquél con quien convive el hijo, sin embargo, en interés del menor, el Juez puede atribuir la patria potestad conjuntamente a los dos progenitores lo que les obliga a tomar las decisiones de mutuo acuerdo.

Por ello, en los casos de patria potestad conjunta cuando un progenitor cambia el domicilio del hijo menor sin el consentimiento del otro progenitor comete un delito de secuestro de menores.

b) La retención de un menor incumpliendo gravemente el deber establecido por resolución judicial o administrativa.

El progenitor separado o divorciado que no permite que el hijo cumpla con el régimen de visitas establecido en favor del otro progenitor incurre en delito (prisión de 2 a 4 años e inhabilitación para el ejercicio de patria potestad por tiempo de 4 a 10 años)([36]).

La pena es más grave (prisión de 3 a 4 años) cuando el menor es trasladado fuera de España o se exige alguna condición para su restitución ([37]).

La pena se atenúa (prisión de 6 meses a dos años) si dentro de los 15 días siguientes a la sustracción, el sustractor devuelve el menor al otro progenitor sin haberle comunicado dentro de las primeras 24 horas el lugar de estancia del hijo.

Queda exento de pena el autor de la sustracción si en el plazo de las primeras 24 horas comunica el lugar de estancia del menor a! otro progenitor o a la persona que legalmente tiene su cuidado y, además, adquiere el compromiso de la devolución inmediata que ha de llevar efectivamente a  o cuando el secuestro no dura más de las 24 horas. Los plazos  a contar desde la fecha de la denuncia de la sustracción ([38]).

Las mismas penas se imponen a los ascendientes del menor y a los parientes del progenitor hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad cuando realizan el secuestro ([39]).

7) El abandono de familia, de menores o incapaces

Se contempla como delito los casos siguientes:

a) Incumplir por parte de la persona obligada a los deberes legales de asistencia ([40]) inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar o bien dejar de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida ([41]) para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge que se hallen necesitados (prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses [360€ a 144.000€])([42]).

b) El impago de cualquier tipo de prestación económica a favor del cónyuge o de los hijos, establecida en convenio o resolución judiciales en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación o proceso de alimentos a favor de sus hijos cuando se produce durante dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos (prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 24 meses [360€ a 288.000€])([43]).

Se impone la misma pena si se deja de pagar cualquier otra prestación económica establecida de forma conjunta o única en los supuestos anteriores ([44]).

Cuando el incumplimiento de las obligaciones familiares, establecidas en las situaciones mencionadas, sólo constituye una falta la pena es de multa de 10 días a 2 meses [20€ a 24.000€] o de 1 a 30 días de trabajos en beneficio de la comunidad ([45]).

c) El abandono de menores de edad por parte de los padres, tutores o guardadores legales se castiga más gravemente que si lo realiza otra persona (prisión de 18 meses a 3 años)([46]). La pena se eleva cuando a causa del abandono se haya puesto en concreto peligro la vida, la salud, la integridad física o la libertad sexual del menor de edad (prisión de 2 a 4 años)([47]). Si el abandono es temporal, por ejemplo un niño abandonado solo en el coche mientras se hace la compra o se realiza otra actividad, la pena se rebaja en un grado (prisión 45 días a 3 meses o multa de 3 a 6 meses)([48]).

d) Constituye un delito la utilización de menores para la práctica de la mendicidad o para prestarlos con los mismos fines es un delito (prisión de 6 meses a 1 año)([49]). Si se emplea violencia o intimidación o se les suministra sustancias perjudiciales para la salud, como pueden ser las drogas u otros productos que inhiben la voluntad del menor, la pena se eleva (prisión de 1 a 4 años)([50]).

e) Los padres que infringen el régimen de custodia de sus hijos menores de 18 años establecido por la autoridad judicial o administrativa, sin llegar a incurrir en delito contra las relaciones familiares o de desobediencia, son castigados con una pena de multa de 1 a 2 meses (60€ a 24.000€)([51]).

Medidas en el ámbito Procesal

A raíz de la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, se han creado los Juzgados de Violencia sobre la Mujer que conocen de los temas penales donde existe “violencia de género” y de los temas civiles conexos en relación a la mujer maltratada y a sus hijos menores, como puede ser el divorcio o la disolución de la comunidad de bienes. Cuando las víctimas directas del maltrato son otros familiares los procedimientos penales recaen en los Juzgados o Tribunales ordinarios.

Si la víctima del maltrato doméstico está en riesgo de continuar siendo agredida física y/o psicológicamente se puede solicitar que el Juez dicte una orden de protección para ella y sus hijos o familiares con los que convive como medida cautelar mientras se sustancia el juicio. La orden de protección siempre contiene una medida de alejamiento del agresor prohibiendo el acercamiento físico o la comunicación con las personas protegidas, lo que en la mayoría de los casos implica la persona agresora se vea obligada a abandonar su domicilio. La medida de alejamiento puede ser controlada a través de medios mecánicos o electrónicos que disparan una alarma cuando la víctima y la persona agresora se aproximan físicamente más de lo permitido por el auto judicial. En los casos de “violencia de género” la orden de protección suele prever además medidas de asistencia y protección social ([52]). Así mismo, el Juez puede ordenar la suspensión de la patria potestad o custodia de los hijos y la suspensión del régimen de visitas. Las medidas de protección y seguridad pueden ser mantenidas durante los recursos procesales hasta obtener la sentencia firme que impondrá una pena de alejamiento además de las penas principales que correspondan.

Las mujeres extranjeras inmigrantes con una situación administrativa de residencia en España sin legalizar si denuncian ser víctimas de violencia doméstica o de género también tienen derecho a solicitar del Juez una orden de protección. Para facilitar la denuncia en estos casos, en los que la mujer nunca denunciaría si automáticamente fuera expulsada de España, una vez concedida la orden de protección la mujer tiene derecho a solicitar una autorización de residencia temporal excepcional ([53]).

Propuestas de reforma del Código Penal

Actualmente está en estudio en Las Cortes Generales una nueva reforma del Código Penal de 1995. Entre las novedades que el legislador quiere introducir se encuentra el establecimiento de las penas accesorias de inhabilitación especial para ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento o cualquier otro derecho, y de privación de la patria potestad, siempre que estos derechos hayan tenido relación directa con el delito cometido, debiendo determinarse expresamente en la sentencia esta vinculación. La inhabilitación especial para ejercer la patria potestad, que implica la pérdida de la titularidad del derecho para el progenitor, no modifica los derechos de los que sea titular el hijo respecto de su progenitor.

BIBLIOGRAFÍA

LAMARCA PÉREZ, C/ ALONSO ESCAMILLA, A./ GORDILLO ÁLVAREZ-VALDÉS, I./ MESTRE DELGADO, E./ RODRÍGUEZ NÚÑEZ.A.: Derecho Penal. Parte especial, ed. Colex, Madrid, 2008.

RODRÍGUEZ NÚÑEZ, A.: “Violencia en el ámbito familiar”, en COLLADO MEDINA, J., Teoría y práctica de la investigación criminal, IUGM- UNED, Madrid, 2009.

Résumé

Le Code pénal espagnol contient des normes de protection de la famille dans plusieurs domaines: l’avortement, les mauvais traitements physiques, psychiques ou moraux, la liberté sexuelle, la bigamie, l’instigation aux mineurs à l’abandon du domicile familial, la violation du régime de garde, la soustraction du mineur par l’un des parents et l’abandon de famille.

En plus de la circonstance générique de parenté, applicable entre membres d’une famille, qui aggrave la responsabilité dans les faits attentant aux biens juridiques personnels et qui l’atténue dans ceux contre le patrimoine, la loi pénale intervient avec des figures spécifiques dans les blessures, la maltraitance occasionnelle ou habituelle, les menaces, les coactions, les injuries, les vexations et les agressions et abus sexuels. Hors des délais marqués par la loi l’interruption volontaire de la grossesse est un délit. Les abus et les agressions sexuelles sont toujours punissables même s’ils ont lieu entre époux. Le droit de famille espagnol n’admet qu’un seul époux ou épouse en même temps. La bigamie, mariage avec une seconde ou ultérieure personne sans qu’il ait eu un divorce préalable ou le décès de l’antérieur époux ou épouse, est un délit. En cas de séparation ou divorce le domicile des enfants est accordé par les parents ou désigné par le juge, ainsi l’un des parents ne peut changer le domicile de l’enfant sans le consentement de l’autre ou l’autorisation du juge.

Par leur position de spéciale vulnérabilité, certains membres de la famille méritent une plus forte protection: la femme, les enfants de moins de 18 ans, les personnes âgées ainsi que celles qui subissent un grave handicap physique ou psychique et celles qui souffrent une grave maladie qui les fait dépendre d’autres membres de la famille.

La législation pénale espagnole confère la même protection: A) Aux conjoints qui ont formalisé légalement le mariage, aux couples qui vivent ensemble sans le formaliser (couples de fait) et aux couples avec une relation sentimentale stable sans cohabitation (fiancés). Dans cette relation de couple on admet que les deux membres soient du même sexe. Le même niveau de protection est attribué aux ex-conjoints ou ex-couples quand ils sont divorcés, séparés ou la relation d’affectivité est terminé et qu’ils ne vivent plus ensemble; B) À tous les enfants de moins de 18 ans qui sont dans le domaine de la famille indépendamment de leur situation juridique: les descendants consanguins ou naturels du couple, les enfants adoptés et les mineurs qui dépendent d’un des conjoints par une autre figure juridique. Et ceci même si les parents sont séparés ou divorcés et ne cohabitent plus. L’adoption est toujours pleine ce qui implique la reconnaissance des mêmes droits à l’adopté qu’au fils par le sang né dans le mariage ou hors de celui.

Durant les deux dernières décennies la société espagnole a pris conscience de la tragédie vécue par des milliers de familles à cause de la violence domestique et elle a réagi avec tous les instruments institutionnels de contrôle social dont elle dispose, en premier lieu avec une réforme du Code pénal. Dans les statistiques de victimes de violence domestique la femme se trouve au premier rang. C’est pourquoi la Loi Organique 1/2004, de Mesures de protection intégrale de la femme contre la violence de genre, contient des mesures de protection spéciale, pénales et autres, pour la femme victime de la violence conjugale quand il y a un désir de domination de l’homme sur la femme par le fait même qu’elle est femme, c’est ce qu’on désigne comme “violence de genre”. La protection de la femme est traitée par la Loi d’une manière intégrale et pluridisciplinaire, en commençant par la sensibilisation de la société pour obtenir le niveau de “tolérance zéro”.


[*] Profesora Titular de Derecho Penal Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) – España.

[1] Art. 44 Código civil: «El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo.»

[2] Art. 108 Código civil: “La filiación puede tener lugar por naturaleza y por adopción. La filiación por naturaleza puede ser matrimonial y no matrimonial. Es matrimonial cuando el padre y la madre están casados entre sí.

La filiación matrimonial y la no matrimonial, así como la adoptiva, surten los mismos efectos, conforme a las disposiciones de este Código.”

[3] Guarda o acogimiento (arts. 172 a 180 Código civil); curatela (arts. 286 a 293 Código civil).

[4] Protocolo General para la Implantación de la Orden de Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica (2003); Protocolo de Coordinación entre los Órdenes jurisdiccionales penal y civil para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica (2004); Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación con los Órganos judiciales para la Protección de las Víctimas de Violencia doméstica y de género (2005); Protocolo de colaboración y coordinación entre las fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía Local para la Protección de las Víctimas de Violencia doméstica y de género (2006); Protocolo para la Valoración policial del nivel de riesgo de violencia contra la mujer en los supuestos del la ley Orgánica 1/2001, de 28 de diciembre, y su comunicación a los Órganos Judiciales y al Ministerio Fiscal (2007); Protocolo Común para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género (2007); Protocolo sanitario ante los malos tratos domésticos.

[5] Art. 173.2 Código penal

[6] Art. 83.1.6a Código penal

[7] Art. 88.1 Código penal

[8] Art. 57.2 Código penal

[9] Art. 132 Código penal

[10] Art. 23 Código penal: “Es circunstancia que puede atenuar o agravar la responsabilidad, según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito, ser o haber sido el agraviado cónyuge o persona que esté o haya estado ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, o ser ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza o adopción del ofensor o de su cónyuge o conviviente”.

[11] Arts. 14 y 15 LO 2/2010

[12] Art. 13 LO 2/2010

[13] Arts. 144, 145 y 145 bis Código penal

[14] Art. 145 Código penal

[15] Se han presentado numerosas cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional que viene pronunciándose a favor de la constitucionalidad de las normas basándose en que, en este caso, la discriminación a favor de la mujer es justa pues ésta lleva durante muchas generaciones sufriendo malos tratos por parte de sus parejas y esta es una forma de luchar por la “tolerancia cero” frente a la “violencia de género”.

[16] Art. 148.4 Código penal

[17] Art. 149.2 Código penal

[18] Art. 153.2 Código penal

[19] Art. 153.1 Código penal

[20] Art. 173.2 Código penal

[21] Art. 171.4 Código penal

[22] Art. 620.2a Código penal

[23] Art. 171.5 Código penal

[24] Art. 172.2 Código penal

[25] Arts. 208 a 216 Código penal

[26] Art. 620.2a Código penal

[27] Arts. 180 a 183 Código penal

[28] Art. 183 del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

[29] Art. 217 Código penal

[30] Arts. 73, 85, 193 a 197 Código civil

[31] Art. 224 Código penal

[32] Art. 225 Código penal

[33] Art. 225 bis.2 Código penal

[34] Art. 154 Código civil: “Los hijos no emancipados están bajo la potestad del padre y de la madre”

[35] 156 Código civil: “La patria potestad se ejercerá conjuntamente por ambos progenitores o por uno solo con el consentimiento expreso o tácito del otro.”

[36] Art. 225 bis.1 Código penal

[37] Art. 225 bis.3 Código penal

[38] Art. 225 bis.4 Código penal

[39] Art. 225 bis.5 Código penal

[40] Art. 154 Código civil: “velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral”

[41] Art. 39.3 Constitución Española: “Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos que legalmente proceda.”

Art. 142 Código civil: “Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica.

Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aún después, cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable.”

Art. 143 Código civil: “Están obligados a darse alimentos recíprocamente en toda la extensión que señala el artículo precedente:

1o Los cónyuges

2o Los ascendientes y descendientes

Art. 146 Código civil: “La cuantía de los alimentos será proporcionada al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe”.

[42] Art. 226 Código penal

[43] Art. 227.1 Código penal

[44] Art. 227.2 Código penal

[45] Art. 618.2 Código penal

[46] Art. 229.2 Código penal

[47] Art. 229.3 Código penal

[48] Art. 230 Código penal

[49] Art. 232.1 Código penal

[50] Art. 232.2 Código penal

[51] Art. 622 Código penal

[52] Ver la Circular n° 4/2005 de la Fiscalía General del Estado (18 de julio de 2005) relativa a los criterios de aplicación de la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género.

[53] Instrucción número 14/2005, de la Secretaria de Estado de Seguridad, sobre Actuación de dependencias policiales en relación con mujeres extranjeras víctimas de violencia doméstica o de género en situación administrativa irregular.

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